En esta ponencia presentamos algunas aproximaciones analíticas que toman como referencia empírica un mapeo judicial elaborado en el marco de la ejecución de una consultoría para UNICEF Argentina en el año 2023. Este relevamiento incluyó la estructura judicial de las 24 jurisdicciones de nuestro país, así como la jurisdicción nacional, y se orientó a describir y analizar la situación del poder judicial en lo vinculado a la protección de derechos y acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes. El relevamiento fue realizado mediante la recopilación de la información disponible en las páginas webs oficiales, la lectura de los distintos marcos normativos, y la consulta con informantes clave de cada de una de las provincias.
Sobre la base de los datos que construimos en ese informe, en esta ponencia seguimos un enfoque socioantropológico para detener nuestra atención en las transformaciones operadas en la justicia penal juvenil tomando como base dos dimensiones de análisis. Por un lado, la adecuación de las estructuras judiciales penales al denominado “principio de especialidad” mediante la creación /refuncionalización de estructuras judiciales específicas de abordaje del delito juvenil y, por otro lado, la transformación de los sistemas procesales penales de tipo “inquisitivo” y “mixto” hacia sistemas denominados “adversariales/acusatorios”.
A lo largo del texto buscaremos evidenciar cómo las transformaciones operadas en las distintas provincias argentinas pueden ser descriptas y analizadas comparativamente, siguiendo un enfoque teórico que permita examinar no sólo las estructuras objetivas constituidas por las reformas normativas y las arquitecturas judiciales recientemente creadas, sino también indagando en las visiones de los agentes/operadores judiciales, así como en sus interacciones en estos ámbitos.
En relación con las dos dimensiones señaladas, el texto se detendrá en distintas experiencias locales que permiten ilustrar cómo la paulatina adecuación de los diseños judiciales al “principio de especialidad”, convive de manera tensa con la transformación de los sistemas procesales penales en casi todo el país.
La mirada analítica que demanda prestar atención a estas estructuras objetivas, también exige indagar a nivel microsocial en las interacciones y perspectivas de agentes públicos que ocupan posiciones de jerarquía desde las que impulsan particulares arreglos institucionales que, en clave local, revelan esfuerzos institucionales que se materializan por distintas vías: reformas de leyes orgánicas judiciales, sanción y/o actualización de diseños judiciales por medio de leyes de protección integral de los derechos de la infancia o, inclusive, por intermedio de acordadas judiciales. Sin embargo, el carácter artesanal de estos arreglos institucionales también permite revelar desde una perspectiva antropológica, cómo estos procesos de reforma se reajustan, adaptan y resignifican también en parte por las disputas y resistencias que se producen en su implementación.