En el presente trabajo, esbozaré entonces en primer lugar algunas cuestiones conceptuales en relación a los mercados de drogas ilegalizadas y las violencias relacionadas, y en segundo lugar caracterizaré el caso seleccionado- la provincia de Córdoba- analizando el desarrollo del fuero anti-narcóticos (que abarca la Fuerza policial Antinarcóticos) y las políticas de seguridad de prevención del conflicto relacionadas con el mercado de drogas ilegalizadas a los fines de identificar si existen articulaciones entre las políticas implementadas.
Se trata de una investigación cualitativa en proceso, basada en fuentes documentales y en entrevistas en profundidad con actores claves. Se analiza el período que va desde la creación del fuero (2012) hasta la actualidad (2022).
En el proceso investigativo que estoy llevando a cabo, postulo como hipótesis de que existe escasa o nula articulación entre las políticas de seguridad muli-agenciales y aquellas que se implementan desde el sistema penal, sobre todo aquellas relacionadas con los mercados de drogas ilegalizadas. Se considera que estas articulaciones no se diseñaron en la política de seguridad, por las disputas al interior de los campos tradicionales intervinientes y que en esa disputa, se fue reforzando espacios de centralidad policial, segmentados y con escasa referencia a la intervención multi-agencial.
Se considera, de manera exploratoria aún, que la creación de un nuevo fuero especializado no es suficiente para contrarrestar esta centralidad policial sostenida durante largo tiempo en la materia. Así el fuero y la FPA aparecen como desarticuladas, no sólo de las políticas de seguridad preventivas implementadas, sino también de los procedimientos de la policía de la Provincia de Córdoba y de las otras agencias intervinientes (otras fiscalías, fuero federal, etc.).
Surge el interrogantes si luego ya de casi una década de implementada esta nueva estructura, no es posible generar procedimientos diferentes que puedan dar cuenta de la complejidad del problema, se propongan algún abordaje integral y no sólo intervenciones focalizadas, en general violentas y en los mismos territorios donde operan otras violencias (policiales y no), sin estrategias de articulación de los abordajes estatales y comunitarios.