Esta investigación surge a partir de mi tesis de Licenciatura en Antropología, donde me introduje en lo que puede denominarse, a muy grandes rasgos, el “mundo de las víctimas de delitos”. En ese acercamiento inicial, mi foco estuvo puesto en el activismo de un grupo de víctimas para conseguir la sanción de la ley 27372 (ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos penales), para el fuero penal federal, en Argentina. En esta ponencia, parte de mi investigación doctoral en curso, me propongo virar el eje de atención desde las víctimas y su activismo, hacia los profesionales que trabajan con ellas, en el marco del Centro de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima (CAVAJ) de San Martín, provincia de Buenos Aires. Fue motor de este cambio, el haber observado la existencia de una multiplicidad de dispositivos y programas estatales cuyo objetivo se define como “asistir” y/o “acompañar” víctimas. Este proceso fue acompañado por la sanción de la ya mencionada Ley 27372 en el año 2017, y la Ley 15232 sancionada en el año 2020 para el nivel provincial, en Provincia de Buenos Aires. Ambas tienen el objetivo de reconocer y garantizar, a las personas víctimas de presuntos delitos, sus derechos en todas las etapas del proceso Penal. Esto implica que el Estado debe otorgarles defensa gratuita, asistencia psicológica si así lo necesitaran e información sobre las decisiones que se tomen sobre el imputado, además de la creación de oficinas de atención especializada. A este proceso, los expertos suelen denominarlo como un “cambio de paradigma en la justicia”.
Considero que este fenómeno local va en consonancia con una tendencia reciente del mundo occidental a fusionar sentimientos morales (sufrimiento y compasión) con políticas públicas, donde los primeros legitiman a las últimas (Fassin, 2016): lo que Fassin denomina gobierno humanitario. En este sentido, escogí el CAVAJ de San Martin porque se trata de una oficina que asiste a víctimas de delitos muy diversos: homicidios, femicidios, siniestros viales, robos violentos, búsqueda de persona, etc. El dispositivo en cuestión está conformado por 4 psicólogas, una abogada y una trabajadora social, que es quien lo coordina. Si bien por la descripción desarrollada hasta aquí pareciera que en el dispositivo en cuestión se realiza un trabajo centralmente jurídico (esa era mi suposición inicial), a medida que fui avanzando en el trabajo de campo noté que gran parte de las intervenciones diseñadas por estas “expertas” estaban orientadas a suplir diversas necesidades sociales y acercar ayuda estatal en contexto de profunda desigualdad (desde conseguir colchones y alimentos, hasta gestionar tratamiento para adictos, personas con discapacidad, etc).
En este sentido, me propongo mostrar y analizar el proceso por el cual las prácticas e intervenciones de las profesionales que trabajan en el CAVAJ inician por una situación penal específica, para convertirse luego en prácticas de asistencia social más amplias. Es decir, analizar la transformación de la asistencia a víctimas de delitos penales, en asistencia a víctimas de situaciones de vulnerabilidad social y económica.