Los gobiernos nacionales, departamentales y locales tienen competencias en el diseño y gestión de políticas públicas sobre el ambiente y la naturaleza. A partir del año 2015, estas directrices de políticas públicas a nivel nacional se han regido por el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ONU), un pacto global suscrito por todos los países miembros.
Desde una perspectiva global, la demanda se dirige hacia los países y, por consiguiente, a las comunidades que experimentan de manera más intensa las repercusiones de una deficiente gestión ambiental estatal proponiendo a nivel local soluciones innovadoras con énfasis en lo que se conoce como economía circular. Sin embargo, estas múltiples relaciones que se establecen entre los estados y las comunidades reproducen desigualdades, afectando la sostenibilidad de la vida de las poblaciones y la sustentabilidad en los territorios. En estos contextos es que emergen diversos conflictos. En Brasil, por ejemplo, el gobierno anterior fue responsable no solo del desmantelamiento de políticas públicas en el ámbito del medio ambiente, sino también de las propias instituciones ambientales.
En Uruguay las políticas públicas sobre agua, llevaron a este país a ser noticia mundial por dejar a la ciudad capital sin agua potable, abasteciendo a la misma con agua de mar salada, muy a pesar de la academia y los movimientos ambientales que advertían sobre este riesgo desde hace varias décadas. Argentina se ha caracterizado por la implementación de políticas que favorecen la profundización del modelo del agronegocio en los territorios. En Chile los conflictos por el agua, suman alertas desde la sociedad civil como políticas públicas insustentables. Diferentes actores como sindicatos, convocatorias espontáneas, colectivos organizados, municipios, academia, alertan sobre las problemáticas ambientales locales, priorizan sus necesidades y junto a los reclamos presentan alternativas. ¿De qué modo se consideran esos saberes, experiencias y trayectorias en el diseño de políticas estatales en los distintos niveles de gobierno, en particular en el local?
Este simposio invita a presentar desde una perspectiva antropológica -con enfoque crítico- experiencias donde las tensiones y complejidades entre los intereses locales y los estatales ponen en juego el control sobre las acciones socioambientales. Entendiendo que el diseño y ejecución de las políticas pueden determinar y modificar la vida en los territorios profundizando pobreza y desigualdades. Proponemos intercambiar sobre: la gestión pública de residuos con inclusión de clasificadores, políticas dirigidas al fomento de la agroecología como forma de producción de alimentos, escasez y justicia hídrica – cuidado / monitoreo- de los cursos de agua y la incidencia de la sociedad civil en la intervención estatal, analizando las dificultades para la incorporación de la perspectiva de género en las problemáticas ambientales.De este modo se espera recibir escritos que prioricen el análisis de las relaciones entre políticas estatales y actores heterogéneos en contextos de conflictividad.