La violencia de género y el acoso sexual son temas muy sonados en los ambientes laborales, pues que en muchos casos implica una relación de poder en el que el violentador ocupa un cargo de importancia dentro de la institución y la victima (o victimas) se encuentran en subordinación de este. En Bolivia también implica situaciones de corrupción, venta y negociación de puestos laborales, o una especie de “estrategia política” en la que políticos hacen uso de mujeres para establecer “aliados poderosos”, ocupando a las mujeres como objetos o mercancía de negociación política.
Pese a que en Bolivia la Constitución Política del Estado y otras leyes exigen la participación de mujeres en legislación, cargos públicos, organizaciones políticas, etc., la realidad sobrepasa lo entablado en el papel, ya que si bien existen mujeres autoridades, poca relevancia tienen en la política, incluso en la jerga común son consideradas “levantamanos”, consideradas como elementos fácilmente manejables, sobreestimando sus capacidades de autoridad. Por otro lado, las funcionarias dentro de las instituciones públicas quedan generalmente relegadas a ser secretarias o personal de limpieza, mientras los puestos importantes que exigen capacidades de liderazgo quedan ocupados mayormente por hombres.
Las mujeres que tienen aptitudes de liderazgo no solo se enfrentan a competir con los compañeros por un puesto de alto rango, sino también deben enfrentarse a campañas de desprestigio de su imagen, puesto que en algunos casos son catalogadas de “marimachos”, “malcogidas” si tienen una personalidad y carácter fuerte, o, de “facilonas” si tienen carisma para expresarse oralmente en medio de hombres, así mismo son sometidas al prejuicio de “que se ganaron el puesto por acostarse con alguien”, desvirtuando todas las capacidades y esfuerzos que hace una mujer por ganarse un puesto de alto rango. Mientras que las secretarias u otras mujeres personal de bajo rango son sometidas al acoso de sus jefes u otros, quedando obligadas no solo a soportar estos acosos sino presionadas a guardar silencio por mantener sus puestos de trabajo, donde en muchos casos existe una complicidad por parte de la institución por cubrir estos casos.
Por lo que este trabajo se realiza en torno al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, donde dentro de sus 10 cargos de Secretarios Departamentales, todos son ocupados actualmente por hombres, los otros cargos de importancia como ser de directores, en su mayoría son ocupados por hombres, así mismo el gobernador, Santos Quispe, se ha visto envuelto en una denuncia de violación y violencia de género realizada por una exfuncionaria, por otro lado, la esposa del gobernador, Ana Salgado, ocupa un puesto de asambleísta dentro la Asamblea Departamental, su representación como autoridad ha sido muy cuestionada por la ciudadanía, catalogándola como una suerte de objeto manejable servil al gobernador, debido a estas situaciones es que se realizó una investigación en base a observación participante dentro la institución, y entrevistas a funcionarias y ex funcionarias de esta gobernación.