Esta ponencia parte de una paradoja que atravesó el trabajo de la Comisión de la Memoria, creada en marzo de 2021 por el Directorio del CONICET: que nuestro organismo es un Consejo Nacional de Investigaciones que no se investigó a sí mismo; o al menos, que no hizo lo propio con su historia reciente dictatorial. En función de esa premisa, el 24 de marzo de 2022 en el Centro Cultural de la Ciencia (C3) el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro de Ciencia, Daniel Filmus, el Secretario de Derecho Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y la presidenta del CONICET, Ana Franchi, encabezaron el homenaje a ocho víctimas del terrorismo de Estado que trabajaban en el CONICET en tiempos de la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). Fue un acto histórico, por un lado, porque fue la primera vez que nuestro Consejo entregó copias de legajos enmendados de estas personas, un acto reparatorio que ya se había desarrollado en otras dependencias públicas, organismos de Ciencia y Técnica y Universidades Nacionales, pero no en CONICET (ver: Balé, 2018). Por iotro lado, ya no que consigna en dicha documentación burocrática que hicieron “abandono de servicio” o fueron cesanteados por “faltas injustificadas”, sino que figura la verdad histórica: que están desaparecidos/as y/o fueron asesinados/as por el terrorismo de Estado. A su vez, la Dra. Franchi leyó un profundo texto de pedido de disculpas institucional que conmovió al nutrido auditorio del C3: “El CONICET asume su responsabilidad histórica y pide perdón. Es nuestra postura ética, nuestro sentimiento más profundo y nuestro compromiso político para que nunca más se repita la violencia y la persecución”, afirmó emocionada y firme la Dra. Franchi. En esta ponencia me interesa dar cuenta de cómo fue el proceso de reconstrucción de esta nómina de víctimas del terrorismo de Estado del Consejo Nacional -seguramente incompleta y parcial-. Como hace años nos enseñó Elsie Rockwell (2009), “documentar lo no documentado” fue uno de los objetivos que me impuse como antropólogo que coordina una política pública. No sólo tiene el objetivo de relatar los desafíos que supone este tipo de tarea de investigación, sino que pretende sistematizar la experiencia y colaborar con otras instituciones que quieran emprender empresas similares.