Noelia Bortolotto, Camila Gianotti, Andrés Gascue, Laura del Puerto, Carla Kruk, Laura Brum, Natalia Arbulo, Lorena Rodriguez-Lezica y Solana González.

El entramado de conflictos socioambientales en el país y en particular en la región este del territorio que habitamos no pueden seguir silenciados. Es momento de que los distintos colectivos que conformamos estos paisajes (sociedad y organizaciones civiles, pueblos originarios, autoridades locales y nacionales, académicos/as y más) dialoguemos sobre otras formas de construirlos. Como primer paso, con la ecología política como marco, nos planteamos hacer visibles las problemáticas ambientales, que poco tienen que ver con la etiqueta de “Uruguay Natural” con la que se promociona turísticamente al país. En su totalidad, están atravesadas por un modelo de desarrollo país impuesto por el norte global y avalado por el estado nación que beneficia a pocos/as y vulnera a muchos/as, profundizando desigualdades y violencias instaladas hace siglos. En un siguiente nivel, y como parte de trayectorias trans e interdisciplinarias, presentaremos algunas estrategias y experiencias de trabajos participativos que se están realizando en los territorios mencionados sobre gestión de bienes arqueológicos. Estos involucran otras áreas y temáticas con la finalidad de pensar abordajes relacionales que integren la diversidad de conocimientos y saberes que abogan por prácticas del buen vivir en aras de construir otros mundos posibles con nuevas políticas públicas.

En este trabajo proponemos hacer una revisión crítica de los marcos legales que regulan el manejo y la gestión de los bienes históricos y arqueológicos en el Uruguay. Buscamos poner sobre la mesa los alcances y limitaciones de la ley de Patrimonio Cultural actual (N°14.040) así como la necesidad de revisar la participación de quienes están autorizados/as en señalar cuáles son los bienes de interés a conservar para nuestra sociedad y las relaciones de poder y violencias que están implicadas en estos procesos. En esta misma línea queremos hacer foco en las políticas ambientales nacionales, partiendo de la ley de Estudio de Impacto Ambiental (N°16.466), su falta de articulación con otras políticas públicas y sus omisiones en cuanto a la protección arqueológica tanto en su implementación como en su fiscalización. Por otra parte, revisar la ley de Ordenamiento Territorial (N°18.308) y sus distintas implementaciones en las diversas localidades nacionales.