El cambio de partido en la presidencia en el México del año 2000, después de 71 años de partido hegemónico, significó para la academia una divergencia metodológica y consecuente constitución en grupos claramente definidos. ¿Era aquello una simple alternancia partidista o una transición a la democracia? Mientras académicos e intelectuales debatían airadamente en el campo de las ideas sobre la democracia en México, un aspecto relevante de las democracias liberales en América Latina permaneció intacto: las fuerzas armadas. Mientras en países como Argentina o Chile, las propias milicias iniciaron el proceso de democratización y su posterior retraimiento –y sometimiento¬– a la esfera civil, en México prácticamente permanecieron intactas tanto en funciones como presupuestalmente.
Así, al no haber propiamente vivido bajo una dictadura militar, no se buscó reformar la institución militar, ni subsumirla a autoridades civiles. Por el contrario, a partir de 2006 se desplegaron fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) para coordinarse con la recientemente creada Policía Federal en tareas de la «guerra» contra el narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón. Sin un marco jurídico debidamente constituido su accionar continuó y para el sexenio siguiente, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que buscó legitimar la presencia de las fuerzas armadas por medio de la Ley de Seguridad Interior, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pese a haber prometido el regreso castrense a los cuarteles, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) no ha hecho más que profundizar su despliegue, tanto en tareas de seguridad como en el grueso de la administración pública. Sin embargo, la violencia en materia de extorsión, desapariciones y asesinatos ha continuado con un alza sostenida desde 2006.
Ante un proyecto militarista –o el impulso por imponer la cultura, lógica y valores militares– que trasciende sexenios y aparentes diferencias políticas, partidistas e ideológicas, es necesario delinearse preguntas de corte antropológico que se concentren en el punto de vista de los actores. ¿Son proyectos culturales realmente opuestos democracia y militarización en el imaginario nacional?, ¿qué significados se atribuyen al despliegue y presencia castrense en la vida cotidiana del país?, ¿qué refiere ser «pueblo uniformado» para la narrativa oficial? Estas tres preguntas particulares se plantean como un ejercicio exploratorio de una investigación doctoral en ciernes. La aproximación se plantea desde un trabajo de campo etnográfico heurístico desde diversas técnicas como la entrevista semiestructurada a personas en activo y retiradas de las fuerzas armadas, revisión hemerográfica, lecturas de versiones estenográficas, entre otras, que permitan dilucidar los significados en el despliegue de las fuerzas armadas en el México contemporáneo.