Este trabajo parte de nuestra experiencia de hacer investigación en antropología durante la pandemia de COVID-19 en dos áreas que se caracterizan por tener un particular hermetismo a la observación e indagación externa de sus prácticas: el hospital monovalente en salud mental infanto-juvenil C. Tobar García y el sistema de responsabilidad penal juvenil. A raíz de estos trabajos de investigación, que se desarrollan en el marco de la Maestría en Antropología Social y del Doctorado en Ciencias Antropológicas (FFyL-UBA), llegamos a algunas reflexiones en torno a una etapa clave en el quehacer antropológico: el llamado “acceso al campo” o, en otras palabras, al comienzo de la investigación empírica. En particular, cuando la investigación se debe desarrollar en contextos de gran dificultad, ya sea por las particularidades de la propia institución a ingresar y/o por diversas situaciones “de crisis”, o extraordinarias, en el escenario político nacional.
Sostenemos que estas situaciones “de crisis”, como fue la de la pandemia por COVID-19, refuerzan reticencias ya existentes de ciertas instituciones a recibir un investigador externo. Las mismas, sin embargo, son presentadas como obstáculos propios del escenario político general. Los obstáculos del proceso de autorización para ingresar al campo, así, son adjudicados a circunstancias que “exceden” a la institución. Creemos que estas situaciones extraordinarias habilitan a discutir las posibles reconfiguraciones del trabajo etnográfico, y nos permiten pensar y utilizar otras estrategias metodológicas.