Los regímenes de bienestar de los países de América Latina se han caracterizado a lo largo de su historia y en distintas proporciones por una dependencia en la micro solidaridad familiar y, sobre todo, en la feminización del trabajo doméstico y de cuidado como medida amortiguadora de los riesgos sociales. Esto ha resultado en la precarización de la situación de las mujeres en los mercados de trabajo remunerado y ha limitado el pleno ejercicio de su ciudadanía social. De forma paralela, en el contexto socioeconómico contemporáneo, el acceso a servicios formales de educación y cuidado especializados y de alta calidad durante la primera infancia juega un rol fundamental para evitar la transferencia intergeneracional de desventajas ligadas con el origen social. Es en el interior de estas instituciones donde puede y debe promoverse el desarrollo temprano de competencias cognitivas y comunicativas orientadas por modelos pedagógicos concretos que favorezcan la igualdad de oportunidades y de resultados. Así, cualquier estrategia desarrollada para construir una sociedad igualitaria y eficaz debe concebir e incluir a la infancia como una etapa clave. Es por ello, que el desafío actual consiste en garantizar un buen punto de partida universal desde el sector público. Las políticas que durante las últimas dos décadas se han implementado en esta región para proteger a las mujeres y a las infancias han sido muy diversas y, por lo tanto, presentan resultados muy variados en cuanto a la atención de las brechas estructurales, la reducción de la desigualdad (siempre multidimensional), así como la desmercantilización y desfamiliarización del bienestar. Para analizar estas diferencias, se comparan los casos de México y Uruguay; países que históricamente han compartido sistemas de seguridad social con un núcleo de corte conservador-corporativista, pero que desde los años 2000 han seguido caminos disímiles en el enfrentamiento de la crisis de los cuidados. En este sentido, esta ponencia abordará una serie de prospectivas viables para el establecimiento de reformas afines a un enfoque que busque facilitar un cambio de orientación de las políticas sociales de una visión reparadora de los efectos de las desigualdades a una perspectiva preventiva de las mismas y de sus consecuencias. Asimismo, este trabajo subraya la necesidad de construir un paradigma de protección social que responda a las características de las estructuras de riesgo que prevalecen en estos países. Entre las cuales se encuentran las marcadas herencias del periodo colonial, las altas tasas de informalidad (sobre todo en México), la precariedad, la flexibilidad laboral, las trayectorias laborales cada vez más discontinuas y la carencia de esquemas de protección de alta cobertura. Para ello, se discuten los aportes de varios de los autores especializados en el estudio de esta temática en América Latina.