Benjamín Candia, Licenciado en Antropología(UAHC). Programa de Magíster en Estudios Históricos y Arqueológicos, Universidad de Buenos Aires (UBA).
Claudia Ogalde, Arqueóloga, Mg. en Antropología. Programa de Doctorado en Antropología, Universidad Católica del Norte-Universidad de Tarapacá.
Patricia Ayala, Arqueóloga, Dra. en Antropología.
Departamento de Antropología, Universidad de Chile.
Carlos Aguilar, Comunidad Atacameña de San Pedro de Atacama.
Las prácticas de coleccionismo desarrolladas en territorios indígenas desde el siglo XIX, han sido entendidas como actos violentos producto de la colonización y el ejercicio de poder sobre estas poblaciones históricamente sometidas, derivando en un “colonialismo científico” que justificaba el extractivismo de cuerpos, materiales y conocimientos indígenas en nombre de la ciencia y la razón (Turnbull 2020). En particular, las colecciones asociadas a restos humanos sirvieron para afirmar discursos de superioridad racial y consolidar la expansión de los poderes coloniales; en tanto, los museos nacionales y etnológicos se configuraron como espacios de exhibición de este poder contribuyendo a los discursos de nacionalidad y a la construcción de un “otro” indígena (Alegría et al. 2009). El coleccionismo como agente de expansión colonial es parte del proyecto de modernidad que buscaba la transformación de la cosmovisión de los pueblos indígenas mediante la imposición de los sistemas occidentales de conocimiento y su asimilación (Arthur 2015; Ganger 2014). En este contexto, la arqueología ha jugado un rol significativo como heredera de estos procesos de violencia epistémica cuyos dispositivos coloniales continúan reproduciéndose (Shepherd 2016; Shepherd y Haber 2014).
Actualmente, uno de los espacios de reivindicación política de los pueblos indígenas son las demandas en contra de la exhibición de restos humanos, por el retorno, repatriación y reentierro de sus ancestros y colecciones que han sido llevadas a diversos lugares del mundo (Fforde et al. 2020). En Latinoamérica, ha emergido con fuerza la discusión sobre el patrimonio indígena y el retorno de los ancestros a su territorio. En el caso chileno, mediante iniciativas comunitarias y proyectos colaborativos diferentes pueblos han cuestionado las prácticas coleccionistas y coloniales (Abarca-Labra et al. 2020; Arthur 2020; Ayala 2020; Obreque y Muñoz 2020; Balfor y Serrano 2020), proponiendo su discusión en el campo político y la consideración de estas demandas en el proceso constituyente que se lleva a cabo.
El caso del pueblo Atacameño permite dar cuenta de estos procesos en un campo político local con una larga tradición arqueológica y de un intensivo coleccionismo científico, prácticas asociadas también a la principal actividad económica desarrollada en este territorio, la minería. Sus reclamos territoriales y culturales dan cuenta de la apropiación del discurso patrimonial de parte de las propias comunidades Atacameñas el cual, sumado a su amplia participación en políticas patrimoniales, han posibilitado la reflexión y discusión en torno a estos temas. Sin embargo, estos esfuerzos deben tener incidencia directa en la política, institucionalidad y protocolos vinculados, los que deben orientarse a definir lineamientos y normativas adecuadas evitando la apropiación, absorción e instrumentalización de estas demandas por parte del estado.