Frente a la crisis ambiental que estamos atravesando a nivel mundial, el investigador y biólogo mexicano Victor Toledo señala que los incendios forestales, las olas de calor, la desaparición y reducción de distintas especies, las sequías, las inundaciones, entre otros indicadores de dicha crisis, son procesos ecosociales o socioambientales de los que todos los seres humanos no somos responsables -como suele decirse-, sino que “los culpables tienen nombre y apellido”. Son acciones y decisiones concretas llevadas a cabo por ciertos actores en lugares de poder las que contribuyen a sostener el capitalismo predatorio que mata la biodiversidad, avanza sobre los bienes comunes (llamados recursos naturales desde lógicas extractivistas) y amenaza los patrimonios y los derechos de los pueblos indígenas del Abya Yala.
Un ejemplo concreto es la reforma de la Constitución de la provincia de San Salvador de Jujuy, Argentina, aprobada el 20 de junio de 2023. Dicha reforma, así como la Ley 6302 que la habilita, viola -entre otros- los derechos de participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado reconocidos en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional argentina (1994) así como en el Convenio 169 de la OIT (1989), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), el Protocolo de Nagoya (2014) y el Acuerdo de Escazú (2018). La reforma, a su vez, promueve el extractivismo de “recursos” mineros -como el litio- que se encuentran en territorios indígenas. Como señala Eckart Boege, los Andes -donde se encuentra Jujuy- junto con otros territorios como Indonesia y México tienen una característica especifica que es la sobreposición de una enorme biodiversidad con una extraordinaria riqueza cultural. Es un centro de origen de, por ejemplo, las plantas que conforman el sistema alimentario mundial y un territorio con un patrimonio biocultural invaluable (conformado por los cocimientos y prácticas sobre la naturaleza y sobre el cultivo, genes, paisajes bioculturales, bienes comunes, etcétera) custodiado por los pueblos indígenas, pero en vías de destrucción por las políticas públicas y las políticas de grandes empresas habilitadas por la reforma antes mencionada.
En este trabajo nos proponemos reflexionar sobre la reforma inconstitucional de Jujuy desde una perspectiva jurídica y patrimonial, señalando las implicancias de la misma en materia de derechos ya reconocidos y de un patrimonio biocultural defendido por la población local y amenazado por intereses extractivistas.