Con la desmovilización del Movimiento 19 de Abril en 1990, nació la Alianza Democrática M-19, una propuesta que integró diversos sectores políticos en una propuesta de construcción de un nuevo partido político por fuera del sistema político basado en el bipartidismo (conservadores y liberales). Por ende, se constituyó como una tercera fuerza que alcanzó a congregar a inconformes de los partidos tradicionales. Esa posición se tradujo en la llegada de integrantes de está colectividad a diferentes cargos de administración local como alcaldes y concejos. Una de las zonas donde el partido desarrolló su participación política electoral fue el Magdalena Medio, una región caracterizada por ser epicentro de la movilización social y reivindicación obrera con mayor fuerza en los años ochenta y noventa. Además de esto, la violencia también es una constante debido a que han hecho presencia desde los años sesenta actores armados como los movimientos subversivos, grupos paramilitares y fuerzas militares hicieron parte de la cotidianidad de la población.
Al constituirse como una tercera fuerza en el panorama político de los años noventa debido a que miembros de su partido lograron consolidarse como gobierno en varios municipios y alcanzaron alcaldías mediante acuerdos políticos con otros sectores de izquierda y, especialmente con disidentes liberales, generó un malestar en las élites regionales. Por este motivo, la Alianza Democrática M-19 fue objeto de violencia por los partidos que antes ostentaban el poder administrativo. Las élites emplearon al paramilitarismo como una forma de lucha de clases en la medida que no pudieron retomar ese poder por la vía electoral. Aunque este fenómeno se venía gestando desde los ochenta, pero se consolidó a mediados en los años noventa convirtiéndose en el principal actor que violentó al partido.
En el marco de la violencia paramilitar fueron asesinados decenas de integrantes y simpatizantes del partido a lo largo del Magdalena Medio. En 1998, fue Jairo Cruz, ex concejal en San Alberto quien era presidente del sindicato Sintraproaceites a nivel nacional. Ambos crímenes fueron cometidos por paramilitares, dando paso al desplazamiento forzado de los demás integrantes del partido que seguían resistiendo a la violencia. Dentro de los casos más relevantes se encuentra el asesinato de Luis Fernando Rincón, quien se desempeñó como representante a la cámara por el departamento del Cesar y luego fungió como alcalde de Aguachica mediante una alianza con diversas representaciones política, asesinado por paramilitares en el año 2000.
Todo esto se dio en el marco del modelo económico capitalista y su propuesta de acumulación, empleando diversos métodos como la violencia para la eliminación del pensamiento divergente no acorde a los principios del sistema imperante. El proceso metodológico se basó en una investigación cualitativa con enfoque de memoria histórica con ex integrantes del partido político sumado al uso de prensa.