Los refugios pesqueros son figuras de protección de la naturaleza en México que, bajo el impulso de pescadores y organizaciones de la sociedad civil, se incorporaron en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en 2007. Operan bajo un esquema colaborativo, con vigencia de cinco años y tienen como objetivo la conservación de los ecosistemas, el aprovechamiento sostenible, a partir de la recuperación, la protección y el repoblamiento de las especies comerciales.
Banco Chinchorro, con 144,360 hectáreas, es la estructura arrecifal de mayor tamaño en México, ahí se practica la pesca comercial desde mediados del siglo XX. Tiene dos declaraciones como área natural protegida (ANP): es Reserva de la Biosfera desde 1996 y se incluyó dentro de la superficie de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano en 2016, también forma parte del programa Ser Humano y Biosfera desde 2003 y en 2004 había sido reconocido Sitio Ramsar. Las tres cooperativas autorizadas —agrupan alrededor de 120 pescadores— practican la pesca comercial ribereña sobre la langosta (Panulirus argus) bajo el esquema de concesión y, de caracol rosado (Strombus gigas) y escama (pargos y meros) con permisos de pesca. Los pescadores y la Alianza Kanan Kay impulsaron el primer decreto de refugio pesquero total temporal en el periodo 2013-2018 y el segundo en 2019-2024, en un polígono de 12,257 hectáreas hacia el noroeste de Banco Chinchorro. Si bien las prácticas pesqueras pueden considerarse sostenibles, la mirada hacia los lugares de venta, particularmente los mercados asiáticos, generan dudas sobre el impacto ambiental del circuito comercial generado por el producto langosta.
El objetivo de la ponencia es mostrar las prácticas de aprovechamiento pesquero sostenible de las especies comerciales en Banco Chinchorro, los beneficios derivados de los procesos de conservación de los ecosistemas dentro del refugio pesquero y los retos que enfrentan los pescadores. También pone el acento en los espacios de venta de la langosta, la cual viaja viva hacia los mercados internacionales, en detrimento de los mercados nacionales —Cancún y la Riviera Maya—, que son solicitantes de cola de langosta, lo que propicia importaciones de langosta centroamericana.
Además de la consulta de documentos y estadísticas oficiales, se realizaron entrevistas —acompañadas de las correspondientes observaciones— a representantes de las cooperativas pesqueras, pescadores, autoridades vinculadas a las ANP e instituciones de pesca en Quintana Roo. Se constata que los pescadores tienen una estricta sujeción a los planteamientos de conservación definidos en los documentos legales. Gracias al refugio pesquero ha aumentado la biomasa de las especies aprovechables comercialmente y otras de interés ecológico. No obstante, se enfrentan amenazas como el pez león: especie invasora que ha obligado a poner en marcha programas de manejo específicos para su control. La pesca ilegal practicada por pescadores ajenos a las cooperativas es otro desafío. Para finalizar, se realiza una crítica sobre los espacios de consumo y se reflexiona sobre la necesidad de reducir la huella ambiental que genera el transporte de langosta, ambientalmente bien gestionada en su producción, pero cuestionable en su comercialización.