En Argentina, al igual que en otros países de la región, el pasado dictatorial no quedó clausurado en el momento de la transición política, más bien por el contrario, ese pasado continuó teniendo centralidad en la escena pública a lo largo de las décadas siguientes por múltiples y distintivas razones acorde a cada contexto. En nuestro país resulta destacable que la búsqueda de verdad sobre el destino de las víctimas fue acompañada desde sus inicios por la exigencia al gobierno de turno de impartir justicia sobre esos crímenes.
Cómo enfrentar y saldar cuentas con el pasado represivo representó un desafío desde el inicio mismo de esta transición. El relato cristalizado acerca de los primeros años del gobierno democrático coloca a la creación e investigación de la CONADEP y el juicio a los excomandantes como los hitos emblemáticos que permitieron establecer una verdad oficial acerca de los crímenes perpetrados, al tiempo que posicionaron al escenario judicial como el ámbito privilegiado para dirimir el pasado conflictivo.
A estos acontecimientos, los sucedieron el dictado de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) que lograron paralizar la investigación judicial, para posteriormente culminar con los decretos de indulto (1989-1990) sobre los pocos responsables de la represión dictatorial que se encontraban cumpliendo condena.
Para otorgar mayor complejidad a la mirada sobre ese periodo me propongo examinar el modo en que se transitaron aquellos años en la ciudad de Bahía Blanca y, con esto, cómo se materializaron esas diversas acciones emanadas desde los gobiernos centrales para gestionar el pasado dictatorial.
En esa línea, es preciso señalar que a nivel local las iniciativas políticas y judiciales respecto a la revisión del pasado dictatorial no se reprodujeron de modo mecánico. Por el contrario, fueron apropiadas y hasta resistidas por los actores locales de acuerdo a sus propios intereses y sentidos sobre el pasado, como así también de acuerdo a sus propias disputas.
En el presente trabajo me propongo examinar, en primer término, la labor de la delegación local de la CONADEP y las gestiones iniciales para juzgar los crímenes dictatoriales en Bahía Banca, para luego explorar las respuestas que se dieron en la ciudad a las normas emitidas desde el gobierno nacional para limitar y, posteriormente, clausurar el proceso de justicia sobre los hechos sucedidos durante la dictadura. Por último, procuro poner de relieve las estrategias desplegadas desde el Poder Ejecutivo central para buscar ejercer un control sobre una jurisdicción que se presentó como conflictiva acorde al propósito de dar un cierre a la revisión del pasado dictatorial.