En trabajos recientes reflexioné sobre una década de investigaciones en el ex centro de detención denominado “La Marquesita” ubicado a 14km de la ciudad de San Juan, en el centro oeste argentino. He planteado que a medida que los juicios por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico militar avanzaron en esta provincia (desde el año 2010 hasta 2023), este sitio de memoria fue convirtiéndose paulatinamente en un “emblema ausente” de las políticas públicas estatales de derechos humanos en la Provincia de San Juan. El concepto de “emblema ausente” es utilizado aquí para referirme a la utilización de este sitio de memoria como referente simbólico de prácticas, perfomances y discursos estatales y de organizaciones políticas y de derechos humanos en torno a la memoria del terrorismo de Estado en San Juan, pero sin que esto signifique el diseño o la instrumentación concreta de acciones gubernamentales dirigidas a crear, incentivar o apoyar proyectos de recuperación, investigación y refuncionalización en este y otros lugares, tampoco implica la articulación con pobladores y comunidades locales, organismos nacionales, sectores sociales locales, organizaciones políticas, grupos de investigación y organismos de derechos humanos. Esto explica por qué en San Juan a la fecha se han señalizado solo dos exCCDs, aunque se conoce más de una docena de lugares (Jofré, 2019b), y tampoco ha podido concretarse ningún proyecto de recuperación y refuncionalización de estos lugares de memoria del terrorismo de Estado hasta el momento.
La adhesión provincial a la ley de sitios de memoria (desde 2021), la entrega de legajos a lxs familiares de detenidxs desaparecidxs y la creación del archivo de la memoria del terrorismo de Estado, se cuentan como algunas de las escasas señales del Estado provincial en esta materia durante los últimos años post pandemia Covid 19. En esta ponencia quiero describir etnográficamente las lógicas verticalistas y faltas de consenso social que caracterizar a la administración Estatal en San Juan en relación a los sitios de memoria. Sostengo que en esta provincia se alimenta una perspectiva patrimonialista de los sitios de memoria, un sentido de dueñidad, control y regulación de la memoria sobre el terrorismo de Estado, paradójicamente, en sitios físicamente olvidados por las políticas sociales del Estado municipal, provincial y nacional. Esto tiene estrecha relación con una tradición administrativa que se remonta a los años 60 del siglo XX, de tipo autoritaria, desarrollista y fuertemente fundada en el orden patriarcal y extractivista del Estado sanjuanino. Ese orden patrimonial que ahora administra también los sitios de memoria del terrorismo de Estado, actualmente opera desactivando resistencias sociales y demandas de Pueblos y Comunidades Indígenas y de Colectivas Feministas como el Movimiento “Ni una menos San Juan”. Por su parte, a través de la adhesión a la ley de sitios de memoria, la soberanía del Estado provincial se extiende sobre la memoria de los crímenes ocurridos en el exCCD La Marquesita, opacando al mismo tiempo otras memorias colectivas que fueron construidas al margen del amparo del Estado y bajo el asedio del control militar persistente en la comunidad Marquesado.