En antropología política encontramos dos nociones contrastantes de gobernanza. Una de ellas, que podemos caracterizar como crítica, está basada en cuestiones normativas inspiradas por la filosofía y la teoría políticas: se refiere a la producción de espacios y sujetos gobernables mediante una combinación de estrategias políticas que incluyen un “dominio positivo” de poder caracterizado por la generación de conocimiento y verdad sobre otros, en un campo socio-legal cuyos sujetos son gobernados a la manera de individuos portadores de derechos, o como sujetos a los que ha de capacitarse para conducirse por sí mismos. La segunda acepción, más neutra y abierta al diálogo con disciplinas vecinas de la antropología como la sociología empírica de la organización y la burocracia, se refiere a la variedad de modos institucionalizados de coordinación social para producir e implementar reglas colectivamente vinculantes, así como proveer bienes y servicios colectivos y públicos. No se trata de privilegiar una noción de gobernanza sobre otra, sino de examinar las perspectivas y estilos etnográficos contrastantes a los que subyace cada una de ellas. Como ilustra la etnografía de los servicios provistos a migrantes y solicitantes de asilo en la frontera norte de México, los actores del activismo median entre diferentes ámbitos de normas y prácticas en sus encuentros cotidianos con las personas a quienes ayudan, lidiando con múltiples dilemas y constreñimientos políticos y materiales. Por ejemplo, el trabajo de las ONG puede incorporarse a los mecanismos y estrategias de intercepción, deportación y reasentamiento migratorios coordinados por acuerdos intergubernamentales. Por ello, es preciso no desdeñar un posible vínculo entre las dos nociones de gobernanza consideradas aquí. Los modos institucionalizados de acción social orientada a la provisión de servicios suponen, también, la producción e implementación de programas regulativos y racionalidades gubernamentales. Una acepción más empíricamente amigable de la gobernanza, sin embargo, deja abierta la cuestión de si, y hasta qué punto, las personas a quienes se dirigen dichos códigos y reglas muestran obediencia y conformidad hacia ellos. Se trata, en suma, de reconectar el poder a la acción, liberando a lo político de su privilegiada asociación con la dominación.