La casa quinta de J.J. de Viana (primer gobernador de Montevideo) ubicada en el barrio Aires Puros, antigua zona de chacras en la época colonial, es una de las edificaciones civiles más antiguas de la ciudad y es propiedad del Estado desde 1954. Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1975 en el marco de la dictadura cívico-militar (1973-1985) y del año de la Orientalidad.
Hasta 1998 la casa-quinta estuvo habitada por particulares. Luego de su desalojo quedó a cargo del Municipio C, bajo la “supervisión”de la Comisión Especial Permanente del Prado -ámbito de participación para la gestión (identificación, valoración y protección) del patrimonio arquitectónico y urbanístico del área patrimonial del Prado, con participación de representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil- que tuvo la intención de transformarla en su sede, sin éxito.
En los siguientes años se realizaron diferentes actividades, entre ellas una investigación arqueológica, un concurso fotográfico, y diversos eventos de difusión y divulgación patrimonial, trabajando en conjunto con la población barrial.
A comienzos de la década de 2010 parte del padrón declarado MHN fue desafectado para ser destinado a la construcción de cooperativas de viviendas. Esta acción implica una transformación de la valoración patrimonial e histórica del sitio. Lo que se asume tiene valor patrimonial en el presente es únicamente el espacio materialmente construido -la casa de ladrillos- quedando en el olvido el área que correspondiera a la conjunción de una época colonial y moderna, uso productivo del suelo y forma de habitar -el sistema casa-quinta o chacras en época colonial-.
En tiempos recientes los nuevos residentes de las cooperativas de viviendas declararon tener preocupación por el espacio que ocupaba la edificación colonial Casa de J.J. Viana y manifestaron en reiteradas oportunidades la propuesta de demolerla enteramente o dejar unos muros bajos como testimonio de lo que allí hubo. Esta propuesta no fue aceptada y se contó con financiación del BID para su consolidación estructural, finalizada a principios de 2022.
Con esta ponencia proponemos reflexionar, a través de un estudio de caso, sobre tensiones relacionadas con la interacción entre el patrimonio y el habitar urbano. Cómo se desarrolla esa vinculación/interrelación entre nuevos vecinos y espacios viejos y patrimoniales con trayectorias y existencias previas. ¿Cuál es el lugar y la posibilidad de acción de la comunidad barrial en la que se aloja el patrimonio activado por el Estado y “no cuidado” cuando la activación patrimonial “viene mal” para los usos, apropiaciones y significaciones comunitarios actuales? Si la modificación viene acompañada de un plan o de una política de transformación urbana capitalista ¿tiene el mismo tipo de respuestas institucionales y valoraciones patrimoniales? ¿Cuáles son las posibilidades de acción y de redefinición de la valoración patrimonial de la sociedad civil? En definitiva, en contextos urbanos contemporáneos de transformaciones asociadas por un lado a modelos capitalistas y por otro a modelos integradores, vuelve a tener relevancia preguntarnos quién transmite/construye/actualiza/significa el patrimonio, por quién y para quién.