El gobierno mexicano, en concreto el actual presidente de la república, decidió erigir al ejército como una empresa turística de gran envergadura. Cuando comenzó su mandato en 2018, el presidente mexicano anunció nuevos proyectos de desarrollo entre los cuales destacaron los de infraestructura ferroviaria conocida como el tren maya y el corredor transístmico, los cuales representan una nueva versión del Plan Puebla Panamá promovido veinte años atrás. Pero conforme avanzó el desarrollo de la infraestructura, el presidente decidió que el tren maya sería controlado por el ejército, el razonamiento inicial se basó en su crítica al neoliberalismo, por lo que otorgar le manejo del tren maya al ejército sería una forma de contener intereses privatizadores de esta inversión nacional. No obstante, conforme avanzó la edificación de este, el ejército mexicano siguió amasando proyectos de desarrollo turístico, manejo de infraestructura aeroportuaria, e incluso se insertó en esquemas de gobernanza asociados al turismo, los cuales van desde consejos de la misma secretaría de turismo hasta consejos de áreas naturales protegidas. El presente trabajo propone reconocer los actos de autoridad que han colocado al ejército como una empresa corporativa del Estado y como un jugador de interés en el turismo en México, por lo que se revisan tanto las alocuciones del presidente como los diseños de política pública establecidos como decretos en los últimos cinco años. El fin es observar los ámbitos complejos de regulación en los que las fuerzas armadas se erigen como actores de interés en el turismo, con el fin de entender las fronteras borrosas de una política de desarrollo con la constitución de un estado de excepción, condiciones que no sólo cambiarán la producción turística en México en general sino la forma de gobernar ámbitos y territorios orientados al turismo, mientras que la riqueza que de ello se genere pasará a manos de la corporación militar y no de la hacienda pública.