Las violencias sufridas por presas políticas de la Unidad Penitenciaria N1, durante el terrorismo de Estado en Córdoba, fueron relatadas frente a funcionarios judiciales en distintos momentos históricos y políticos. Al ser presas políticas legales, la burocracia judicial registró sus testimonios, como acusadas en los años 70 y como testigos en las causas de la democracia. En el año 2010 estas mujeres se organizaron para demandar justicia por lo sufrido en cautiverio, con el objetivo de que la violencia sexual sea considerada crimen de lesa humanidad.
En este trabajo se abordará el proceso en el que la enunciación de estas violencias sexuales y de género pasó a ser denuncia y, en diálogo con ello, cual fue la legibilidad judicial sobre estas. A partir de un estudio etnográfico de expedientes judiciales de la causa “Magistrados” y entrevistas a las víctimas y operadores judiciales, el objeto es acercarnos al proceso a partir del cual lo ilegible en una época se convierte en demanda de justicia en otra, los sentidos y las moralidades puestas en juego en ello.
La apropiación del cuerpo de las mujeres y otras violencias particulares hacia ellas fueron las formas que tomó la represión ilegal en el marco de relaciones de género históricamente constituidas. En la dialéctica del honor, se ofendía a los militantes varones a través de las violencias sexuales hacia sus mujeres. Al tiempo que a las militantes presas se las disciplinaba por transgredir el rol tradicional como mujeres.
Con la reapertura de los procesos penales por crímenes de lesa humanidad en el 2003, emergieron otros “trabajos de memorias”, nuevas legibilidades de las violencias y de las relaciones que las hicieron posibles, en las que se inscribe la especificidad de género de la represión. Desde una mirada local, las disputas y diálogos por volver judicializables estas violencias se dieron adentro y afuera de los muros de tribunales. Los cambios en las narrativas de las ex presas políticas, la apropiación contenciosa de la categoría de víctima, así como sus estrategias para que las violencias sexuales sean reconocidas y juzgadas fueron producto de un proceso histórico y dialógico entre víctimas y el “mundo judicial” en el que se imbricó lo político y lo moral.