En la provincia de Buenos Aires 299.311 personas se reconocen indígenas. Esta cifra, que representa el 31,3 % del total de la población indígena del país, pone en entredicho las nociones instauradas en el sentido común que pregonan el origen exclusivamente transatlántico de la población provincial. Asentada principalmente en la periferia de los centros urbanos, la población indígena de Buenos Aires está constituida, en gran medida, por personas que migraron desde otras provincias -aunque también de países limítrofes- como producto de los procesos de desplazamiento y migración forzada resultante de procesos históricos insertos en la matriz colonial de poder, en actuales proyectos neoextractivistas y el denominado Consenso de los Commodities. En los contextos de migración los efectos de la situación colonial redundan en condiciones de precarización y vulneración de derechos. Frente a ello las comunidades indígenas se organizan para demandar al Estado políticas que articulen reconocimiento y acceso a derechos básicos.
Partiendo de estas consideraciones, la presente ponencia indaga sobre la “visión de Estado” provincial sobre los pueblos indígenas, es decir, sobre la trama compleja de representaciones que subyacen a los procesos de reconocimiento estatal y las políticas implementadas, en relación a ello, en dicha jurisdicción. Al conceptualizar la cuestión indígena como un campo de tensión en el que se disputan y articulan sentidos, no solo desde las organizaciones indígenas, sino también distintos sectores de la sociedad a ellos vinculados, nos preguntamos por los supuestos sobre los cuales las agencias provinciales construyen lineamientos de políticas indígenas y sobre cómo articulan con las comunidades y organizaciones en la planificación e implementación de distintas acciones.
A partir de la sistematización y análisis de entrevistas a funcionarios públicos, documentación y legislación oficial, así como de publicaciones en distintos sitios web identificamos dos aspectos. Por un lado los obstáculos epistemológicos que aún persisten a la hora de pensar la población indígena que habita en la provincia, lo que se traduce en la preponderancia de políticas desarticuladas y fragmentadas. Por otro lado, la creación de instancias de participación indígena dentro de agencias estatales que, aunque colisionan con estructuras hegemónicas, se erigen como espacios desde donde las comunidades y organizaciones indígenas traccionan para profundizar los reconocimientos estatales.